Una Unidad Fiscal investigará al Intendente de Salvador Mazza

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación, que estará integrada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.

Policiales / 22.04.2021 | 07:54

Fuente: FPS

La Unidad Fiscal fue creada tras las publicaciones periodísticas de distintos medios en contra del actual intendente de Salvador Mazza, de las que surgió que el jefe comunal Rubén Méndez vetó una ordenanza que solicitaba al Ejecutivo Municipal, una ayuda económica destinada a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.

Esa ordenanza, oportunamente aprobada por el Concejo Deliberante de ese municipio, estaba destinada a beneficiar a personas que padecen leucemia, principalmente a quienes se encuentren afuera de la comuna y que transitan la enfermedad.

Los fiscales ordenaron las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho.

Es que entre las facultades del Procurador General, se encuentra la de diseñar la política criminal y organizar la persecución penal del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de promover una adecuada administración de justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

 

La Crónica de Pagina 12 señalaba en su edición de fecha 19 Abril:

El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante de aquella localidad el 16 de marzo, e indicaba que el municipio beneficiaría a Yenny Barroso, madre de un niño de 5 años con leucemia, y al joven de 27, José Luis Soruco, vecino de un paraje de Salvador Mazza y que padece la misma enfermedad, con $15.000 mensuales a cada familia para gastos de traslado y alojamiento mientras dure su tratamiento.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió vetar la normativa un mes más tarde por considerar que ya existe una ley provincial, la 7.786, promulgada en 2013 y reglamentada en 2016, que creó un sistema de cobertura intersectorial e interdisciplinario para la atención de tratamientos de cáncer infanto-juvenil. Asimismo, el intendente argumentó que ese cuerpo deliberativo no está facultado para emitir ese tipo de ordenanzas, “más aún sin criterio médico”. Y advirtió que en caso de llegar a insistir con el pedido, se reservaba el derecho de plantear ante la Justicia un “conflicto de poderes”.

La autora del proyecto de ordenanza en Salvador Mazza, la concejala Marisa Valdivieso, en diálogo con Salta/12 se mostró muy dolida con el veto del intendente Rubén Méndez, “son situaciones que desgastan mucho, porque una solicita y pide pero no se la escucha”, expresó, y aseguró que siente, al igual que los familiares y las personas con cáncer, abandono por parte de los Estados provincial y municipal.

Valdivieso relató el periplo que tienen que realizar tanto Barroso y su hijo, como Soruco, para llegar a Salta, a más de 400 kilómetros de distancia, y cumplir con su tratamiento de rutina. “Son gastos de traslado y hospedaje altísimos, y la provincia lo único que les garantiza es el tratamiento y a medias”, explicó. Agregó que en épocas de pandemia, se exponen a riesgos complementarios por su delicado estado inmunológico, por lo que la mayoría de las veces tienen que optar por movilizarse en taxi para evitar “romper con sus burbujas”.

Contó que Soruco es un joven del paraje rural de El Sauzal, que para llegar a tratarse en la ciudad de Salta tiene que hacer grandes esfuerzos y ni siquiera está alcanzado por la ley 7.786, ya que esta contempla a jóvenes hasta los 21 años de edad y él tiene 27. “El está necesitando de forma urgente una ayuda”, manifestó la edil, quien detalló que su familia, en pleno aislamiento obligatorio, “tuvo que vender lo que tenía” para poder pagarle un hotel en la capital, ya que los albergues que antes conseguía estaban todos cerrados.

Sobre la respuesta que dio el intendente, Valdivieso sostuvo que Méndez desconoce o quiere negar que la provincia está incumpliendo, “el tratamiento y el medicamento no está llegando en tiempo y en forma”, afirmó. Y subrayó que desde el municipio ni siquiera se acercaron a preguntar qué necesidades tenían las familias.

Resaltó que tampoco sería válida la excusa de falta de presupuesto en la comuna de Salvador Mazza, ya que son solo $30.000 por mes, y por ser una ciudad de frontera con puerto seco, tiene un ingreso adicional por cobrar peaje a cada camión que entra o sale por allí, “esa erogación no va a hacer que las arcas entren en rojo”, sostuvo.

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