A la oficina central del PAMI en Salta llegó ayer un oficio de la Justicia Federal para pedir información sobre tres funcionarios de ese organismo que estarían implicados en la causa penal sobre el cobro irregular del ingreso familiar de emergencia (IFE). Fuentes judiciales confirmaron que se trata de Javier Navarreta, Emilia Fabiana Juárez y Viviana Beatríz Fernández.

La investigación está a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, quien en agosto ya imputó a 17 concejales de distintos municipios de la provincia y a un empleado local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por cobrar el subsidio de $10.000 que la Anses otorga desde abril pasado a trabajadores informales o monotributistas de las primeras categorías que vieron reducidos sus ingresos por la pandemia.

La acusación es por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes de funcionarios.

El pedido de informe que recibió el PAMI en la mañana de ayer es para conocer desde cuándo trabajan en ese organismo los tres empleados investigados y cuáles son sus cargos.

Este diario pudo averiguar que los tres asumieron a finales de febrero pasado (un mes antes de que se abra la inscripción para los aspirantes al IFE). Navarreta quedó a cargo de la agencia de la obra social de los jubilados en Embarcación, Juárez fue nombrada al frente de la dependencia de El Carril y Fernández hizo lo propio en la agencia de Orán.

La Cámpora

En las oficinas del PAMI salteño hay revuelo entre los empleados de planta desde que asumió, con el nuevo Gobierno nacional, la directora Verónica Molina junto a su gabinete. La indignación empezó a crecer cuando empezaron los nombramientos en puestos jerárquicos del organismo de personas sin ningún tipo de experiencia en la función pública y se vieron manejos en la institución que más tienen que ver con los de una unidad básica política, en este caso de La Cámpora, que con los que debería tener un organismo que asiste a 115 mil jubilados y pensionados de la provincia.

Como resulta lógico, los problemas de gestión no tardaron en aparecer y este medio dio cuenta de algunos en varias notas. Por ejemplo, la inacción ante el reclamo de afiliados del PAMI con COVID-19 que fueron rechazados por falta de lugar de las únicas tres clínicas privadas de la capital salteña que atienden a la obra social.

Esa negligencia y falta de previsión con la población más vulnerable ante la enfermedad del coronavirus hizo que el juez federal de Salta Miguel Medina haga lugar a una acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo en septiembre y haya ordenado que el PAMI local garantice la cobertura de los jubilados y pensionados en la pandemia.

El ingreso de personas inexpertas y la falta de coordinación también trajo el desamparo de los centros de jubilados, instituciones que son claves en la red de contención de los adultos mayores más vulnerables. Sin ir más lejos, la titular de la agencia del PAMI en Orán, y ahora investigada por el escándalo del cobro irregular del IFE, fue puesta en reemplazo de un empleado que llevaba más de 20 años de trabajo destacado en ese puesto.

El “batallón” de militantes en el PAMI

El ingreso de personal inexperto para la atención en la obra social de los jubilados llamó la atención incluso del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (Sutepa), que es un gremio afín al actual Gobierno nacional.
“En lugar de apelar al voluntarismo, las y los trabajadores creemos que son necesarios abordajes desde convocatorias institucionales, asignando roles concretos de acuerdo a las tareas de cada trabajador y trabajadora, brindando la cobertura, el resguardo y las condiciones para poder efectuarlos”, puntualizó un comunicado sindical en mayo pasado, en el que se daba cuenta de los polémicos nombramientos en todo el país.