En una de las audiencias de mayor tensión por las pujas entre la fiscalía y las defensas, en dos años que lleva el juicio oral contra la Vicepresidenta Cristina Fernández, un empresario dedicado a las obras públicas "arrepentido" declaró bajo juramento que un ex funcionario de Vialidad Nacional le pidió que hicieran un "aporte económico", misma propuesta que le hizo un financista cercano al matrimonio presidencial.

Asimismo, dijo que las Empresas constructoras de Lázaro Báez y Cristobal López estaban en una lista prioritaria para cobrar por sus obras.

La declaración de Patricio Gerbi fue objetada con vehemencia por los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Julio de Vido, Maximiliano Rusconi; de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva; y del expresidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, Mariano Fragueiro. Pidieron que se suspenda la declaración y hasta la nulidad de su testimonio, en un momento en que se alzaron las voces en el Zoom de los protagonistas. Llamó la atención la vehemencia de los abogados, por momentos rudos, por frenar las respuestas con el argumento de que el empresario podía autoincriminarse.

La Fiscalía a cargo de Diego Luciani los cruzó porque en las primeras cuatro horas de la audiencia apenas si pudo formular tres preguntas, sin que en tándem los defensores se opusieran y plantearan sucesivas oposiciones. Le dijo que se oponían al hallazgo de la verdad.

Finalmente, el pedido por suspender el testimonio de Gerbi fue rechazado por el Tribunal que debatió dos horas en un largo cuarto intermedio. El presidente del cuerpo, Rodrigo Giménez Uriburu, comunicó la decisión. Los Jueces entendieron que los defensores estaban impidiendo el normal procedimiento del juicio, entorpeciendo los interrogatorios. Los jueces dijeron que, bajo el pretexto de velar por el interés del testigo, que nadie les pidió que defendieran, los abogados estaban frenando las preguntas. 

Recordaron los jueces que el propio testigo era el más indicado para defenderse, al negarse a responder preguntas que pudieran incriminarlo, y el propio tribunal.

El debate arrancó temprano con la declaración de Gerbi, conectado por Zoom desde la sala de audiencias del Tribunal Oran Federal de Mar del Plata. En Buenos Aires, los jueces Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso lo escuchaban en el estrado ante una sala de juicio vacía en Comodoro Py 2002. Los defensores e imputados estaban conectados por Zoom, lo mismo que el fiscal.

Gerbi, titular de la Empresa Coarco, procesado en la causa de los cuadernos de las coimas, declaró como arrepentido en aquel expediente. Aquí su declaración fue permitida en la medida en que lo que dijeran no lo autoincriminara y se refiriera a esta causa donde se investiga a Cristina Kirchner, acusada de favorecer a Lázaro Báez con el direccionamiento de obras en la Patagonia.

Los defensores desconfiaban porque Gerbi es defendido en el caso de los cuadernos por Pablo Lanusse, el mismo abogado que defiende a Mauricio Macri en otros expedientes.

Las primeras cuatro horas de su testimonio fueron insufribles. La Fiscalía casi no pudo avanzar con el interrogatorio por las objeciones de los defensores que en bloque se oponía a las preguntas. Giménez Uriburu como presidente del tribunal tuvo que maniobrar para mantener la calma y la paciencia.

Lázaro Báez y Cristobal López estaban en una lista prioritaria para cobrar por sus obras.

Fueron objetos de debate las preguntas sobre un listado de empresas que -dijo Gerbi- eran las prioritarias para recibir los pagos del Estado. Esto habla de que había algunos empresarios beneficiados por encima de otros. Gerbi dijo que le exhibieron esa lista y que recordaba que en los primeros lugares estaban Austral Construcciones, de Lázaro Báez, CPC, de Cristóbal López y Esuco, de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y que supuestamente manejaba la asignación de los contratos.