El tribunal oral que interviene en el juicio por el supuesto desvío de la obra pública nacional en Santa Cruz citó al presidente Alberto Fernández para que declare como testigo en febrero del 2022, en su calidad de exjefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La convocatoria lleva la firma del presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Jorge Gorini, e incluye también la citación a prestar declaración testimonial a otros exjefes de gabinete de los gobiernos kirchneristas.

El mandatario -que puede declarar por escrito- fue citado para el 8 de febrero del 2022, a las 9.30, jornada en la cual también está prevista la concurrencia del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien también condujo al equipo de ministros del kirchnerismo.

La ronda de testimoniales a exjefes de Gabinete comenzará el 1 de febrero de 2022 con la declaración de Juan Manuel Abal Medina, quien dará testimonio después de que lo haga el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnico de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La segunda jornada de esta tanda de testimoniales está prevista para el 7 de febrero, oportunidad para la cual fueron convocados el actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ambos exjefes de Gabinete durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

Salvo Abal Medina, el resto de los citados puede declarar por escrito por sus diversos roles como funcionarios actuales.

El juicio oral se realiza en la actualidad de manera semipresencial ante la pandemia de Covid-19, con los tres jueces del TOF2 presentes en los tribunales federales de Retiro y las restantes partes conectadas a través de la plataforma Zoom.

Las declaraciones de los exjefes de Gabinete habían sido solicitadas por la defensa de la vicepresidenta y tienen por objetivo explicar los mecanismos que se activan a la hora de asignar una obra pública, en su afán de demostrar que no fueron direccionadas las licitaciones y que todas se hicieron de acuerdo a las normas establecidas.

En la causa se investiga si la empresa Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, fue beneficiada con la asignación de distintas obras públicas durante el kirchnerismo.